El Ejecutivo ultima el borrador de la nueva ley de memoria histórica para llevarla a primera lectura en el Consejo de Ministros. Las Administraciones públicas asumirán la búsqueda de los desaparecidos, se creará un banco de ADN para los represaliados y se elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil. El Gobierno incorporará a la nueva ley las recomendaciones hechas en los últimos años por la ONU e incidirá en el aspecto pedagógico para transmitir “el aprendizaje de la memoria democrática en las escuelas”, según fuentes conocedoras del texto.

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